Por los vínculos con grupos paramilitares del norte de Caldas, la Procuraduría General de la Nación falló en contra de los excongresitas liberales de Caldas Dixon Ferney Tapasco Triviño y Enrique Emilio Ángel Barco. Los implicados quedan inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.
De acuerdo con el ministerio público Tapasco y Ángel se hacen merecedores a la sanción por participar en la promoción y el auspicio de grupos paramilitares.
Los exrepresentantes a la Cámara accedieron a sus cargos en el legislativo durante 2010, según la Procuraduría, aprovechando los vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Auc, frente Cacique Pipintá, comandado por Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez.
Agrega el fallo que: "es claro que en Caldas se produjo una injerencia de la Autodefensas Unidas de Colombia en las esferas política, social y económica con el propósito de fortalecer y expandir su proyecto político paramilitar, influir en las decisiones más importantes y de mayor trascendencia del Estado y favorecer su situación jurídica particular, mediante alianzas con Ángel Barco y Tapasco Triviño en aras de alcanzar una curul en el Congreso para los comicios de 2006".
Los sancionados
Con respecto a Enrique Emilio Ángel Barco, la Procuraduría encontró que asistió a reuniones con varios jefes paramilitares para acordar la promoción y el auspicio del grupo paramilitar a cambio de beneficios electorales, lo cual constituye una falta disciplinaria.
Recordó el investigador que Ángel Barco “aceptó su responsabilidad en el ilícito de concierto para delinquir que se le imputó ante la justicia penal especializada, en razón a sus vínculos con los grupos de autodefensa, motivo por el cual fue condenado mediante fallo proferido el 8 de agosto de 2008 por el Juzgado penal del Circuito Especializado de Manizales”.
Con respecto a Dixon Tapasco Triviño, el órgano de control determinó que pese a que fue su padre, Ferney Tapasco, en ese tiempo el máximo representante del Partido Liberal en Caldas, quien asistió a varias de las reuniones con integrantes del grupo ilegal, está demostrada su participación en el acuerdo (pacto de Tambor) con el grupo paramilitar, que no habría sido posible sin contar con su consentimiento.
Concluye la Procuraduría que la vinculación de estas personas con grupos armados al margen de la ley, en el ejercicio de cargos de elección popular, obedeció a la confluencia de intereses de cada una de las partes involucradas en el acuerdo pactado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario