La marcha del pasado miércoles, en la que participaron miles de universitarios como protesta a la reforma a la educación superior, que fue radicada por el Ministerio de Educación en el Congreso, demostró que los estudiantes son capaces de manifestar su rechazo a las decisiones que, según su percepción, amenazan su derecho a la educación.
Incluso, la protesta contó con el guiño de rectores de varias universidades, quienes no aprueban la propuesta.
Quizás el punto que más enfrenta a la comunidad universitaria (rectores, docentes y estudiantes) con el Gobierno Nacional es que la reforma -elaborada bajo los principios de cobertura, calidad, transparencia y financiación- no fue construida de manera "democrática" y con una participación efectiva. El Gobierno se defiende argumentando que 28 foros, que contaron con la presencia de estudiantes, fueron suficientes para discutir el contenido.
Aún no hay claridad sobre si el impacto de la reforma educativa será tan positivo como lo plantea el Gobierno, que le apuesta a ampliar la cobertura de 37 por ciento a 50 por ciento y a mejorar la calidad, o tan negativo como lo aseguran los estudiantes, quienes "hasta las últimas consecuencias" y con el paro estudiantil buscan evitar el trámite de este proyecto por considerar que "la privatización acabaría la educación pública".
Para conocer su versión sobre la reforma a la Ley 30, especialmente en los puntos neurálgicos, Colprensa consultó al viceministro de Educación, Javier Botero, y al líder estudiantil Sergio Fernández, vocero de la Organización Colombiana de Estudiante (OCE) y representante del consejo académico de Universidad Nacional.
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