Algunas de ellas están desaparecidas y otras se encuentran en despachos judiciales.
Un reporte del área administrativa de la Cámara de Representantes indica, con nombre propio, quiénes eran los responsables de 17 armas de la corporación que han sido reportadas como desaparecidas o que tienen alguna irregularidad en su registro.
El documento, que comenzó a circular en el Congreso a partir de la denuncia del presidente de la Cámara, Simón Gaviria, sobre la pérdida de varias armas, indica que algunas de ellas están en despachos judiciales por algún tipo de investigación.
La información del reporte, conocido por EL TIEMPO, señala, por ejemplo que el hoy senador de 'la U' Roy Barreras tenía a su cargo una pistola de la Cámara que, en este momento, se encuentra en una Fiscalía de Cali.
Aparece registrada con el número de inventario 12709, a nombre de Roy Leonardo Barreras Montealegre, y en las observaciones dice que "esta pistola se encuentra en la Fiscalía 3 de Cali por investigación de homicidio a espera de que la Cámara de Representantes vaya por ella. La denuncia fue enviada a la dirección de servicios".
El Senador explicó que "hace 2 años sufrí un atentado en Cali y mi escolta usó esa arma para defenderse de los sicarios, por eso entró a un proceso judicial incluso identificamos que hoy está en la tercera Brigada".
Otro reporte, rotulado 12712, a nombre del hoy senador liberal Edgar Alfonso Gómez Román, señala que "esta pistola está a nombre del doctor Edgar Gómez, quien hizo entrega a Jesús Arenas Parada. En la carpeta no reposa legalización de estos bienes".
También se registran los casos de los representantes Óscar Fernando Bravo (Conservador) y Augusto Posada ('laU'). Sobre el primero las observaciones dicen que hay un arma a su nombre que está en una Fiscalía de Cali, y del segundo que tenía una pistola que "no fue pagada por la aseguradora porque prescribió el siniestro, toda vez que la Cámara no allegó la documentación requerida a tiempo".
Sobre las subametralladoras se registra el caso de una rotulada con el número 12597, que no está registrada a nombre de ningún congresista. Sin embargo, en las observaciones se indica que "tiene proceso disciplinario porque la persona que la tenía a su cargo era Liliana Barón, y ella dice que la devolvió al almacén y no aparece. Responsable: Fernando Flórez (almacenista)".
Simón Gaviria fue precisamente quien denunció las presuntas irregularidades que hay con este armamento, por lo que le envió un derecho de petición al director Administrativo de la Cámara, Jairo Jaramillo, para que explique por escrito quiénes tienen las armas de la corporación, en qué estado y físicamente dónde están.
De hecho Gaviria se reunió con el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien ordenó a la Dijín comenzar una investigación para establecer qué pasó con las armas que han sido reportadas como desaparecidas o que tienen alguna irregularidad.
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